La ASF concluyó que los contratos carecen de certeza jurídica debido a que se hicieron sin ajustarse a los establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Dichos procedimientos, realizados entre 2011 y 2015, se hicieron con base en las leyes reglamentarias del artículo 27 Constitucional, referente a la explotación y aprovechamiento de los hidrocarburos (que fueron abrogadas con la Reforma Energética), y en opiniones jurídicas emitidas casi dos décadas atrás.
La CFE no ha definido las políticas, bases o programas que regulen los citados procesos de contratación, por lo que las acciones de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiera y la Subdirección de Modernización y Nuevas Áreas de Oportunidad carecen de certeza jurídica, toda vez que no cuentan con normativa que regule y delimite sus atribuciones y responsabilidades", indicó la ASF en la Cédula de Resultados Finales de la Auditoría 492-DE.
También las investigaciones, destacan que con el argumento de supuestos "casos fortuitos" o "fuerza mayor", la Dirección de Operaciones de CFE Energía autorizó en noviembre del año pasado una ampliación de 161 días para la entrada en operación del gasoducto Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara.
Con dicha autorización, ese tramo, a cargo de Fermaca Pipeline de Occidente, acumuló 464 días de gracia para completar la construcción, modificando en dos ocasiones mediante convenios el contrato original suscrito el 11 de abril de 2016.
De acuerdo con el oficio DOCFEn/063/2018, emitido el 14 de noviembre de 2018, el Director de Operaciones, Javier Gutiérrez Becerril, dio su autorización a la propuesta que le formuló Juan Carlos Fragoso Serrano, Encargado de Unidad en la Unidad de Gasoductos, para otorgar la ampliación.
"El Transportista presentó a CFEnergía, S.A. de C.V. ("CFEnergía") una solicitud de desplazamiento de la Fecha de Inicio de Servicio de Transporte de Gas Natural como consecuencia de Caso Fortuito o Fuerza Mayor derivados de la demora en la emisión de licencias de construcción, autorizaciones gubernamentales y bloqueos de supuestos ejidatarios que se oponen a la construcción del gasoducto", indica el oficio.
Este tipo de condiciones contractuales fueron calificadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como leoninas debido a que obligaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagar el suministro de gas aún cuando el gasoducto no estuviera concluido.
"Si los ductos no se pueden construir, como está sucediendo en siete grandes gasoductos, se tiene que estar pagando a las empresas, aunque no haya gas.
"Hay siete gasoductos parados que van a significar una erogación para el mediano plazo de 21 mil millones de dólares a la Comisión Federal de Electricidad", dijo en su conferencia matutina del 11 de febrero de 2019.
En el caso del gasoducto Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, que tiene una extensión de 305 kilómetros y un diámetro de 36 pulgadas, debía de estar operando desde el 10 mayo pasado, que fue la fecha de vencimiento de la segunda ampliación.
El 27 de agosto, López Obrador anunció que la CFE había logrado renegociar los contratos con las empresas Carso, IEnova y TC Energía, que con Fermaca continuaban las negociaciones.
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